Lo más visto: José Carlos Acevedo en la mira de la Contraloría General de la República
19/07/2017 / Lo más visto / Visitas: 914
Según un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, deberá seguir rindiendo cuentas a la Contraloría General de la República. Hay varios períodos que deben investigarse ante supuestos hechos de corrupción. El Intendente gracias a su hermano Roberto Acevedo, senador nacional, logró salvarse de una grave denuncia por presuntos negociados en varias licitaciones aprovechando el interinato de Roy Rodgers en la Contraloría. En este material publicamos algunas denuncias que fueron presentadas en el Órgano Superior de Control.

El jefe comunal planteó la acción de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 2248/03 Que modifica el artículo 30 de la Ley N° 879 Código de Organización Judicial, con el fin de evitar que se realicen controles a sus ejecuciones presupuestarias por parte de la Contraloría General, publicó el diario capitalino Última Hora.

Acevedo prefería el trabajo del Tribunal de Cuentas, órgano dependiente de la Corte Suprema de Justicia, porque se trata de un ente más político y manipulable, a diferencia de la Contraloría, que realiza un trabajo técnico y cuenta con personales capacitados para el efecto.

Sin embargo, las ministras Alicia Pucheta de Correa y Gladys Bareiro de Módica y en disidencia Miryam Peña decidieron no hacer lugar a la acción, argumentando que el Tribunal de Cuentas se debe encargar de entender exclusivamente en los juicios de índole contencioso-administrativo.

Esto, en base a que desde el 2003 se modificó el artículo 30 de la Ley N° 879, del 2 de diciembre de 1981, sobre el Código de Organización Judicial, y entró en vigencia la Ley 2248/03 mediante la cual se establece que el Tribunal de Cuentas se compone de dos salas, y que a ambas salas les corresponde entender en dichos juicios, señala la publicación.

Acevedo deberá rendir cuentas de sus ejecuciones presupuestarias a la Contraloría General de la República, pero en adelante ya no recibirá probablemente los mismos favores que habría recibido durante la titularidad en dicho organismo de Roy Rodgers Canás.

Denuncias

Según los documentos, el 26 de octubre del año 2015 se presentó una denuncia por irregularidades y se solicitó la intervención de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero a la Contraloría General de la República.

El documento señala que ante las atrocidades cometidas en el ejercicio de sus funciones por el aquel entonces candidato a “trikutu inconstitucional” para la Intendencia, José Carlos Acevedo, de conformidad a los artículos 187 y 192 del Código Penal, se presentó denuncia formal por los supuestos hechos punibles contra el patrimonio (estafa y lesión de confianza) ante el Ministerio Público.

Los documentos arrimados a la Fiscalía también fueron presentados en la Contraloría General y hacían referencia por ejemplo al contrato Nro. 16/2015 con la firma PUMA ENERGY PARAGUAY S.A. para la adquisición de combustibles y lubricantes para el uso de la Comuna, que finalmente se distribuían en la estación de servicios “Autopista” con el emblema COPETROL perteneciente a la familia Acevedo a través del grupo empresarial liderado por los mismos y además ubicado a metros de la casa del Senador Roberto Acevedo.

La empresa PUMA de la ciudad de Fernando de la Mora debía entregar el combustible en la Municipalidad, pero diariamente y comprobado a través de tomas fotográficas, se constató que los vehículos del parque municipal retiraban combustible de la estación de servicios de los Acevedo sin ninguna nota de remisión de por medio que permita mínimamente conocer la cantidad entregada. Según funcionarios municipales que facilitaron algunos documentos, nadie podía ejercer un control directo sobre la cantidad de combustibles y lubricantes que el surtidor entregaba a los camiones, pudiendo de esa forma manipular cualquier informe administrativo y allanar el camino para quedarse con las altas cifras manejadas en la licitación de combustible. Estamos hablando de 500 mil dólares americanos anuales, más de 5 millones de dólares desde que Acevedo logró perpetuarse en la administración municipal y está ejerciendo su tercer mandato.

El monto total del contrato 16/2015 (año 2015) ascendía a Gs. 2.877.075.500.

En la denuncia también hace referencia a la resolución Nro. 41/2015 del 05 de febrero del 2015 por la cual se adjudica a la firma CASA CHACO REPRESENTACIONES S.A. la provisión de alimentos para personas. Los dueños de esta empresa tendrían vínculos familiares con los Acevedo ya que tiene como representantes legales a las señoras Teófila Concepción Quevedo Fleitas y Bielsa Margarita Quevedo de Villalba, recordando que la madre del Intendente y el Senador es la señora Teófila Quevedo viuda de Acevedo. Estos presuntos parientes ya fueron beneficiados por más de 2.500 millones de guaraníes con la adquisición de alimentos para personas y adquisición de elementos de limpieza desde el 2009 hasta el 2015.

Solo en el 2015 ganaron licitaciones de Gs. 383.250.000 y Gs. 104.365.000 avalados por dictámenes del Comité de Evaluación de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero y la Asesoría Jurídica que responden a Acevedo, sin embargo, no se investigó la posible violación de la Ley de Contrataciones Públicas que indica que los familiares, cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de consanguineidad no pueden ser beneficiarios en contrataciones de carácter público.

Más sobre los posibles escándalos de corrupción al estilo “Lava Jato” en el Brasil que salpican a los Acevedo y que fueron denunciados ante la Contraloría General, privada hasta hace poco de una investigación seria al respecto, apunta a la señora Herminia Nelly Montiel, aparentemente funcionaria desde hace tiempo de los Acevedo al igual que su marido el licenciado Alfredo Bogado Brizuela, administrador de una de las estaciones de servicios del clan.

Esta mujer que tiene una modesta residencia en Conavi, Zona Industrial, de acuerdo con las pesquisas, no posee las más mínimas condiciones (infraestructura y capital) como para ser ganadora en la contratación directa de la Municipalidad para el “servicio de organización de eventos”.

 

Herminia Nelly Montiel fue beneficiada con Gs. 138.140.000 en el 2014 y Gs. 138.700.000 en el 2015. Acevedo no solamente cometió presuntos hechos de corrupción, sino que impidió que personas dedicadas legalmente a distintos rubros licitados por la Comuna puedan competir y resultar ganadoras generando así fuentes de trabajo y circulación de dinero.

Todas estas denuncias presentadas en octubre del 2015 incluidas en un expediente de la Contraloría General de la República tuvieron una respuesta recién en agosto del 2016 en donde el contralor general interino habría tenido una importante participación para favorecer a la administración municipal de Acevedo.

Antes de la respuesta oficial del órgano superior de control, este sinvergüenza de Roy Rodgers fue convocado supuestamente por el entonces presidente del Congreso Roberto Ramón Acevedo con la presunta promesa de un respaldo político para su posterior nombramiento definitivo al frente de la Contraloría General de la República, hecho que finalmente no ocurrió y que pone en la mira nuevamente todas las ejecuciones presupuestarias del actual intendente a través de un fallo judicial de la Corte Suprema de Justicia que declara competente y habilita a la Contraloría a ejercer el control absoluto sobre todos los actos administrativos de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero.

Resulta que el comunicado de la Contraloría, mientras que Rodgers ocupaba interinamente el cargo, sobre la verificación documental de las denuncias presentadas indicaba que se detectaron irregularidades como, por ejemplo; en la suscripción del contrato para la entrega de combustibles y lubricantes existió incongruencia en lo previsto en el pliego de bases y condiciones de la provisión de bienes. Detectaron una falta de correspondencia en la entrega de combustibles realizadas a través de las bocas de expendio de las estaciones de servicios de los Acevedo.

Además, detectaron que se presentó declaración jurada de bienes como fiel cumplimiento de contrato para el servicio de organización de eventos y no como garantía de mantenimiento de oferta como se establece, además señala que, en futuros llamados convocados para la modalidad de contratación directa, la institución deberá contar con un mínimo de 3 ofertas susceptibles de ser analizadas según establece la Ley de Contrataciones Públicas.

En cuanto a la adquisición de alimentos señala el informe que se debió requerir y exigir la garantía de fiel cumplimiento de contrato. Asimismo, se dejó precedente que en los cuatro llamados cuya investigación se solicitó, no fueron presentados los dictámenes de asesoría jurídica que deben ser emitidos previo a la firma del contrato.

Toda la burocracia existente por parte de la Contraloría General de la República con la titularidad en aquel entonces del “cowboy” Roy Rodgers solamente derivó en una serie de recomendaciones a la Municipalidad como estaba previsto ante el presunto acuerdo político al que habrían llegado con el senador Roberto Acevedo y quien sabe que otros “pactos” ($$$) pudieron haber hecho.

Ahora que los Acevedo quedaron sin un aliado fundamental en la Contraloría General de la República existe la esperanza de que se transparente la administración autoritaria que han mantenido por años y, además, que el Ministerio Público pueda librarse de la fuerte presión política y económica que ejercen estas “autoridades” y se destape la olla y se descubran todas las presuntas irregularidades que han estado cometiendo con la venia correspondiente de cada organismo de control y sanción.

 

Por Elvio Vázquez

 

 


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