Las víctimas de tortura fueron detenidas y sometidas a tratos inhumanos en la sede de la Marina y en la Comisaría 11 de Asunción, en el contexto de la fuerte represión que siguió al fallido golpe. El tribunal determinó que Bower, quien ocupaba el cargo de ministro del Interior en ese momento, tuvo responsabilidad directa en los hechos, al igual que las expolicías Vera y Palacios.
Este fallo marca un importante precedente en la búsqueda de justicia por crímenes cometidos durante los momentos más oscuros de la historia reciente del país. Las víctimas y sus familiares han luchado por más de dos décadas para que los responsables de estos abusos rindan cuentas ante la justicia.
El caso de tortura del 2000 fue un símbolo de las violaciones a los derechos humanos que se vivieron en Paraguay durante aquellos años de inestabilidad política. Con la sentencia, se abre un nuevo capítulo en la historia judicial del país, en el que se busca reparar el daño causado y condenar los abusos.
El Nacional