El exgobernador del departamento Central, Hugo Javier González Alegre, fue condenado a 10 años de prisión por un esquema de corrupción que desvió más de G. 5.105 millones destinados a obras públicas durante la pandemia. La condena fue dictada por el Tribunal de Sentencia en Delitos Económicos, que también ordenó su inmediato traslado a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
El tribunal, presidido por la jueza Karina Cáceres, encontró probado que el exgobernador utilizó facturas clonadas y falsificadas para justificar la ejecución de 14 obras inexistentes en diferentes localidades del departamento Central. Las transferencias irregulares se realizaron a través de la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), lo que ocasionó un grave perjuicio económico para la institución.
Junto a Hugo Javier, otros cinco exfuncionarios también fueron condenados. Miguel Ángel Robles Ibarra, exdirector de Gabinete y señalado como el “cerebro del esquema delictivo”, recibió la misma pena de 10 años de cárcel. En tanto, los demás acusados, entre ellos el extesorero Luis Eduardo Allende y la exsecretaria Lourdes Lezcano, recibieron condenas menores, que van desde los dos años de prisión hasta penas suspendidas.
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El caso se originó tras detectarse que los fondos de emergencia transferidos durante la pandemia de Covid-19 fueron desviados para financiar proyectos inexistentes. Según los fiscales del caso, los documentos presentados para justificar los desembolsos eran fraudulentos, lo que permitió el desvío total de los recursos sin realizar ninguna obra efectiva.
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Durante el juicio, Hugo Javier negó su responsabilidad en los hechos y declaró ante el tribunal su inocencia. En su última intervención, afirmó que había perdido todo lo que había ganado en 30 años de carrera pública y pidió ser absuelto. Sin embargo, el tribunal rechazó su solicitud, ratificando que su accionar causó un daño irreparable al erario público y a la ciudadanía del departamento Central.
El esquema de corrupción liderado por Robles evitó la trazabilidad del dinero mediante el uso de cheques y documentación falsa. Las pruebas presentadas por la Fiscalía demostraron que las rendiciones de cuentas fueron alteradas para encubrir el desvío de fondos, lo que llevó a la sentencia condenatoria del exgobernador y sus colaboradores.
Fuente: ABC Color
