El relato detalla que, tras ser detenidos, los agentes no les informaron sobre ninguna infracción y, en cambio, comenzaron a amenazarlos con inventar un delito en su contra. Para evitar consecuencias legales, se les exigió una suma inicial de G. 1 millón, de la cual lograron negociar su liberación tras pagar G. 800 mil. El afectado se describió como una persona trabajadora y aseguró que el actuar de los policías era injusto y extorsivo.
El relato expone que, en el momento de la detención, al menos cuatro uniformados estuvieron involucrados, aunque el denunciante solo pudo recordar los apellidos de dos de ellos. Además, trascendió que se les ordenó apagar su celular para impedir cualquier comunicación con abogados o medios de prensa, lo que intensifica la gravedad de la situación.
Este tipo de acciones no solo vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que también socavan la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública. Es fundamental que las autoridades pertinentes investiguen esta denuncia a fondo, a fin de promover la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la fuerza policial. La transformación de estas prácticas abusivas hacia un sistema de justicia más justo es un imperativo para establecer un orden social donde prevalezca el respeto y la legalidad.
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@danifiguesti
