El incidente ocurrió el 28 de enero, cuando la directora se dirigió a las instalaciones para supervisar trabajos en curso. Al realizar su inspección, observó que una de las cámaras de seguridad estaba fuera de lugar y varias más estaban desajustadas. Ante esta situación, decidió convocar a técnicos para que evaluaran el estado de los dispositivos.
El 4 de febrero, los especialistas confirmaron que una de las cámaras se encontraba dañada. Sin embargo, lograron recuperar grabaciones en las que se identificó a un miembro del personal docente atacando la cámara con un caño de hierro. Además, se notó la presencia de otros docentes manipulando las cámaras y alterando su ángulo de visión, lo que sugiere una intención deliberada de inhabilitar el sistema de monitoreo.
La directora Recalde expresó su preocupación por la situación y agregó que no puede determinar cuáles son las motivaciones detrás de estos actos. Señaló que ha enfrentado dificultades en su gestión, en parte relacionadas con la administración de su predecesor, lo que complica su labor cotidiana en la institución.
Este evento no solo afecta la seguridad del colegio, sino que también plantea cuestionamientos sobre la ética y el comportamiento dentro de la comunidad educativa. La destrucción de propiedad destinada a garantizar el bienestar y la protección de los estudiantes es un signo alarmante que requiere atención y reflexión por parte de todos los involucrados.
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