La exposición de motivos explica que el proyecto de transformación educativa fue rechazado, desde un principio, por la ciudadanía por diversos motivos, entre los que cita la no inclusión de los padres de familias en dicho comité. “Los padres son los primeros garantes de los hijos, según lo establece la Constitución (Art. 54)”, expresa el documento.
Señala, además, que solo después de mucha exigencia se le incluyó, en junio del 2022, a un representante de los padres.
Los proyectistas aseguran que en el Enfoque de Derecho, uno de los tres ejes transversales de que consta el proyecto, el Estado asume el ejercicio de la patria potestad, alterando el orden constitucional, en donde se desplaza a los padres.
Arguyen, por otro lado, el establecimiento de una nueva figura con el nombre de “comunidad del aprendizaje”, que busca reemplazar a la comunidad educativa (padres, estudiantes, docentes y directivos).
También señalan que incorporan una política donde, nuevamente, se altera el orden establecido por la Constitución Nacional, para anteponer la sociedad por encima de la familia como garante de los niños.
“Esta ‘donación’ se halla condicionada a impulsar: 1) Enfoque de derecho; 2) Igualdad de género y; 3) Agenda 2030”, dice el texto de justificación.
Recordemos que para el impulso de la Transformación del Sistema Educativo del Paraguay, nuestro país ha firmado un convenio con la Unión Europea por un monto de 38 millones de euros, que tiene un componente de apoyo presupuestario de 21 millones de euros y un componente complementario de 17 millones de euro.
“La Constitución Nacional, en su art. 49, establece que la familia es el fundamento de la sociedad. Se promoverá y se garantizará su protección integral”, dice otra parte de la exposición de motivos.
Por otro lado, señala que en el art. 53 se estipula que los padres tienen el derecho y la obligación de “… educar y amparar a sus hijos menores de edad”, concordante con lo establecido en la Ley 1680/2021, Código de la Niñez y Adolescencia, en donde expresa que son derechos y deberes del padre y de la madre, quienes ejercen la patria potestad, entre otros la de “dirigir el proceso educativo de los hijos”.
Es importante mencionar que un grupo importante de ciudadanos ha realizado una serie de manifestaciones en protesta por la poca claridad en las propuestas y las informaciones dadas por las principales autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias.
El proyecto plantea que luego de la derogación, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, iniciará las negociaciones diplomáticas necesarias para dejar sin efecto el referido Convenio de Financiación entre la Unión Europea y la República del Paraguay.
El tratamiento del proyecto fue planteado ya durante la realización de una sesión extraordinaria de la semana pasada, pero luego de las primeras consideraciones, la plenaria decidió enviar el proyecto a comisiones para un mejor estudio.
En efecto, el documento está siendo analizado en las comisiones de Justicia, Trabajo y Previsión Social; Salud Pública; Presupuesto; Equidad Social y Género; Niñez, Juventud y Desarrollo; y en la de Familia y Tercera Edad.
Fuente: El Nacional
