Uno de los aspectos más polémicos en esta situación es que URBA Inmobiliaria ha asumido el pago de los impuestos correspondientes a la propiedad, a pesar de que dichas transacciones se han llevado a cabo de manera irregular en la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, dado que la fracción “Ciudad Aeropuerto” pertenece al municipio de Cerro Corá. Este manejo erróneo ha incrementado la carga financiera de los clientes, quien enfrentan dificultades para regularizar sus cuotas, ya que las tasas impositivas mantienen un alto costo debido a la inclusión de servicios que, en muchos casos, no se reciben.
Ante esta complicada situación, los afectados han solicitado la intervención de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, área que inicialmente tenía jurisdicción sobre la fracción en cuestión antes de la creación del distrito de Cerro Corá. La acción de los clientes subraya una creciente preocupación por la transparencia y la ética en los procedimientos utilizados por inmobiliarias, especialmente en áreas donde la normativa y las jurisdicciones pueden ser confusas.
En conclusión, el caso de URBA Inmobiliaria es un reflejo de las tensiones que pueden surgir entre empresas loteadoras y consumidores en contextos de alta especulación inmobiliaria. La situación exige un examen más detallado de las prácticas comerciales y regulaciones existentes para proteger a los compradores y asegurar que se les brinde un servicio justo y transparente.
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@danifguesti
