A pesar de que la investigación apuntaba también al expresidente Abdo Benítez, su nombre no fue incluido en la acusación. La decisión ha generado cuestionamientos sobre el alcance de la causa y el manejo del caso por parte del Ministerio Público.
El documento, firmado por los fiscales Christian Bernal Cubas y Silvia Cabrera Duarte, solicita la admisión de la acusación y la apertura de la etapa intermedia del proceso judicial. La exclusión del exmandatario deja abierta la interrogante sobre su eventual responsabilidad en los hechos investigados.
La investigación se originó a raíz de la supuesta filtración de información confidencial sobre el expresidente Horacio Cartes en el año 2022, cuando este disputaba la presidencia de la Asociación Nacional Republicana (ANR) contra Mario Abdo Benítez. Se acusó al entonces gobierno de haber articulado un esquema de persecución política contra Cartes a través de instituciones como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Secretaría Nacional Anticorrupción.
Inicialmente, el caso fue investigado por los fiscales Fabiola Molas, Osmar Segovia y Guillermo Sanabria. Sin embargo, los dos primeros fueron trasladados a otras unidades, dejando a Sanabria solo en la causa. Sorprendentemente, el fiscal Sanabria renunció el 11 de marzo, un día antes del vencimiento del plazo para presentar el requerimiento conclusivo, alegando “motivos personales y familiares”. Su salida generó sospechas sobre presiones políticas dentro del Ministerio Público.
Tras su renuncia, la fiscala adjunta Matilde Moreno conformó un nuevo equipo de trabajo con los fiscales Elva Cáceres, César Sosa y la reincorporación de Osmar Segovia. Este grupo fue el encargado de presentar la acusación formal. No obstante, sectores políticos opositores denunciaron que la acusación ya estaba prefabricada y solo se necesitaba que alguien la firmara.
La bancada Fuerza Republicana emitió un comunicado expresando su preocupación por la presunta instrumentalización del Ministerio Público con fines políticos, advirtiendo que esto pone en riesgo la estabilidad democrática del país. Por su parte, la exministra Cecilia Pérez calificó el proceso como un “manoseo judicial” y cuestionó la designación de fiscales sin conocimiento previo del caso.
El caso sigue generando un fuerte debate en Paraguay, con acusaciones cruzadas y sospechas sobre la independencia del sistema judicial.
El Nacional
