El río De las Perlas, en China; el Misisipi, en Estados Unidos; y el Paraná, en la Argentina y Paraguay, ¿qué tienen en común?
Las tres vías fluviales exigen los sistemas de dragado más extensos del mundo. La consecuencia es obvia: son también las cuencas más apetecibles para un puñado de empresas que compiten constantemente en licitaciones en distintos países, que ahora se encuentran ante la posibilidad de quedarse con el negocio en la Argentina por 30 años.
El Gobierno comenzó el proceso de licitación por la Hidrovía Paraguay-Paraná y, con ello, abrió una fuerte puja entre seis compañías y sus lobistas, pero también ahondó las diferencias entre el Gobierno y el macrismo, con acusaciones cruzadas.
En medio de esa tormenta de intereses, el Gobierno aceleró la disolución de la controvertida Administración General de Puertos y su reemplazo por una nueva agencia. El cambio se anunciará este lunes, informaron medios de ese país.
Vale recordar que navieros de nuestro país se manifestaron en contra del peaje en reiteradas ocasiones, pues aumentara los costos logísticos. Brasil, Bolivia y Brasil también están en contra.
La definición del negocio de la hidrovía se juega una recaudación de cerca de USD 300 millones anuales, y unos USD 9.000 millones a lo largo de lo que dura el contrato, que incluye una posible renovación por el doble del tiempo. Algunos estiman que, en total, sería cerca de USD 20.000 millones
La estructura comercial del negocio no implica un peso de desembolso por parte del Estado, que será el intermediario para seleccionar una concesión a riesgo empresario.
Esto significa que la ganadora se encargará del cobro de las tasas y servicios para los 4000 barcos que transitan anualmente, que representan un 80% de la exportación nacional.
En el sector se sabe que el margen de ganancias es de entre un 15% y 20%, por lo que puede quedarle a la concesionaria entre unos USD 45.000.000 y USD 60.000.000 en utilidades.
Solo siete empresas en el mundo tienen, a priori, la capacidad operativa para presentarse en esta licitación. Una china, una estadounidense, dos belgas, dos neerlandesas y una danesa.
Las primeras dos, China Communications Construction Company (CCCC) y el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, ya quedaron afuera por el octavo inciso del artículo 16 de las cláusulas particulares: “Toda persona jurídica que sea controlada, directa o indirectamente, por estados soberanos o agencias estatales, en el capital, en la toma de decisiones o de cualquier otra forma”. Al tener en parte o completamente gestión estatal, no podrán pasar la primera barrera para tratar de acceder al negocio.
Por ahora se presentaron tres impugnaciones. Probablemente, no serán las últimas. Una de ellas fue planteada por la compañía china, que adujo arbitrariedad en la exclusión que le produce esa cláusula.
Siguen en carrera cinco compañías, todas originarias de países con experiencia en desafíos en la gestión del agua (Dinamarca, Países Bajos y Bélgica) con acusaciones cruzadas de que los pliegos las benefician.
La más apuntada es Jan de Nul, justamente la que controla el negocio desde la época de Carlos Menem. En sus inicios, la belga era socia del empresario Gabriel Romero. Desde múltiples sectores, el oficialismo recibe acusaciones de que los pliegos están armados para esta compañía.
En rigor, ninguno de los dos debería competir, ya que la sociedad, grupo Emepa, reconoció en la causa de los Cuadernos de las Coimas haber pagado un soborno de USD 600.000 al gobierno de Cristina Kirchner para que le prorroguen el contrato.
El empresario se sumó al “club de los arrepentidos” en agosto de 2018 y admitió el pago. Entonces, le dijo al fiscal Carlos Stornelli que realizó dos pagos de USD 300.000, cada uno para que el kirchnerismo firmara el decreto para extender la concesión de sus negocios.
El Nacional
