El intendente municipal de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, pretendía ir a celebrar el Día de la Madre en la localidad brasileña de Ponta Porã, Brasil, ya que en el vecino país esta fecha se celebra el segundo domingo de mayo y la madre de su esposa reside al otro lado de la frontera.
El jefe comunal ignoró olímpicamente las disposiciones legales ante la pandemia del coronavirus, que establece el cierre de fronteras y la prohibición de viajar, salvo casos excepcionales por motivos humanitarios, que deben ser controlados con el estricto cumplimiento de las cuarentenas y las medidas sanitarias de rigor.
De acuerdo con un video grabado que se difundió ampliamente en los medios de comunicación, el intendente Acevedo llegó manejando su camioneta, acompañado de su esposa y reclamó con soberbia y prepotencia que los efectivos militares le permitan el paso, a través de una barrera sobre la avenida internacional que separa a los dos países. Al encontrarse con la negativa, el jefe comunal llamó por teléfono, presuntamente, a un jefe militar exigiendo a gritos que lo dejen pasar, haciendo valer su autoridad y mencionando que uno de sus hermanos es gobernador de Amambay y otro es diputado nacional. Incluso amenazó a los militares: “Si ustedes quieren guerra, van a tener guerra”.
Tras lograr cruzar hacia el Brasil con la aparente autorización verbal ilegal de alguna autoridad, Acevedo y su esposa volvieron a ingresar a nuestro país varias horas después. Al respecto, el Centro de Coordinación Interinstitucional en apoyo al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social informó oficialmente que el intendente no tramitó ningún permiso para ingresar al Paraguay, lo cual hace que su reingreso sea totalmente ilegal.
El fuerte reclamo ciudadano obligó a que la Fiscalía lo impute por violación de cuarentena y ordene su detención. Sin embargo, en un primer momento el director de la Decimotercera Región Sanitaria, Nelson Collar, dispuso que Acevedo cumpla la cuarentena sanitaria en su propio domicilio, lo cual fue interpretado como una nueva concesión de privilegio, ya que a los ciudadanos comunes se les exige hacerlo en albergues. Finalmente, se decidió que la cuarentena obligatoria sea cumplida en un destacamento militar en Concepción.
La manera en que procedió el intendente pedrojuanino implicó no solamente una demostración de soberbia y de abuso de poder, sino también una irresponsabilidad criminal, ya que además de demostrar que no le importó desobedecer la ley, se expuso él mismo y expuso a sus familiares al posible contagio con el coronavirus, además de poner en riesgo a todos con quienes tenga contacto.
El Brasil es en este momento el principal foco potencial de contagio y la mayoría de los casos de las personas infectadas en el Paraguay corresponden a gente que ha ingresado desde el vecino país. En la región de Amambay, la vulnerabilidad de la frontera vuelve especialmente delicada la situación.
Por ello, además de merecer el repudio ciudadano, el intendente de Pedro Juan Caballero debe recibir el castigo penal correspondiente, sin ningún tipo de privilegios. Hay que poner fin al país de los que se creen por encima de la ley.
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