En esa línea, la Fiscalía, tras la constatación de los delitos ambientales, imputó al secretario de Salubridad e Higiene, Óscar Romero, y a los funcionarios Simeón Giménez y Nelson Rojas Loreiro, responsables del matadero, y dispuso su detención. Sin embargo, el fiscal no imputó al intendente, quien es el principal responsable, denunció el concejal Ivo Lezcano, tras darse a conocer las imputaciones a los funcionarios.
Óscar Romero, secretario de Salubridad e Higiene, expresó a la prensa: “Estaremos recluidos en la Comisaría 6ª. Nosotros siempre estamos expuestos, pero hay que tener los huevos suficientes para imputarle al jefe y no a mí. Yo soy nada más un representante”, denunció.
Cabe señalar que el allanamiento se realizó tras la denuncia de la Junta Municipal en la sesión del lunes 13 de julio, en la que se señala que existe un contrato vigente firmado por el intendente José Carlos Acevedo para la realización de las obras; sin embargo, se constata que no hubo refacciones en el matadero.
Indican, además, que de acuerdo con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) las mejoras a ser introducidas y el costo unitario por ítems fueron firmados por el contratista, el ingeniero Luis Alberto González Sánchez. Tras la constatación del Ministerio Público, se procedió a la detención de los funcionarios presentes.
El fiscal ambiental Álvaro Rojas, junto con los técnicos ambientales, realizará un informe sobre la situación en que funciona el matadero, ya que no cuenta con un funcionario habilitado por el servicio veterinario oficial para certificar la carne faenada para consumo humano, por lo que como medida de urgencia ordenaron su clausura por tiempo indefinido.
