La decisión del juez se basa en la necesidad de profundizar las diligencias del caso, argumentando que tanto las víctimas como la fiscalía deben participar activamente en el proceso investigativo. El magistrado, apoyándose en el artículo 314 del Código Procesal Penal, enfatizó su facultad para no admitir el requerimiento fiscal y devolver el expediente para su reformulación en un plazo de diez días.
En caso de insistencia por parte de los fiscales Celso René Morales Fernández, Christian Ortiz Riveros y Luis Amado Said Fragueda, el expediente será remitido al fiscal general del Estado o a un superior designado para una evaluación definitiva. Esta instancia determinará si se ratifica la decisión de cerrar la investigación o si, por el contrario, se ordena la continuación de las pesquisas.
El juez Areco Torraca argumentó que existen indicios suficientes para justificar la continuidad de la investigación, subrayando la importancia de un análisis integral de las pruebas por todas las partes involucradas. La complejidad del caso, según el juez, demanda un estudio detallado y un control riguroso de las evidencias para garantizar los derechos y principios procesales.
En conclusión, la justicia ha determinado que aún no se cumplen las condiciones legales para el cierre de la causa, ordenando la devolución del expediente al Ministerio Público para la prosecución de las indagaciones y la reformulación del pedido de desestimación. La decisión del juez pone de manifiesto la importancia de una investigación exhaustiva y transparente en casos de esta naturaleza.
#pedrojuandigital @danifiguesti
