Según la planilla publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se transfirió en febrero G. 79.823 millones a los municipios, de los cuales G. 51.453 millones fueron en concepto de royalties. En concepto de juegos de azar G. 2.762 millones y G. 25.609 millones son por el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), por recursos menores y otras compensaciones.
Del documento publicado por la Secretaría de Estado, se desprende que no recibieron dinero estatal doscientos jefes comunales y solo recibieron los recursos las municipalidades que cumplieron con la entrega de sus documentaciones. En total, 63 municipios recibieron transferencias en febrero.
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Solo recibieron recursos las municipalidades de Horqueta, San Carlos del Apa, San Pedro de Ycuamandyyú, Itacurubí del Rosario, Lima, Nueva Germanía, San Pablo, Villa del Rosario, Liberación, Emboscada, Primero de Marzo, San Bernardino, Villarrica, General Eugenio A. Garay, Coronel Oviedo, Cecilio Báez, Santa Rosa del Mbutuy y Juan Manuel Frutos.
Además, recibieron dinero del Estado los siguientes municipios: R.I.3 Corrales, Mariscal López, Simón Bolivar, Bertoni, Maciel, Yegros, Encarnación, Carlos Antonio López, Jesús, San Pedro del Paraná, San Juan Bautista, Ayolas, San Miguel, Santa Rosa Misiones, Caapucú, Quyquyhó, Presidente Franco, Santa Fé del Paraná, Ytakyry y Dr. Juan León Mallorquín.
También recibieron plata del Ministerio de Economía los siguientes distritos: Naranjal, Tavapy, Fernando de Mora, Limpio, Luque, Mariano Roque Alonso, Pilar, Alberdi, Desmochados, General Díaz, Guazucuá, Humaitá, Mayor Martínez, San Juan de Neembucú, Tacuaras, Karapa’i, Salto del Guairá, Curuguaty, Yasy Kañy, Puerto Pinasco, Puerto Falcón, Teniente Esteban Martínez, Campo Aceval, Mariscal Estigarribia y Loma Plata.
Para poder recibir plata del Tesoro Nacional, los jefes comunales deben presentar rendición de cuentas e informes cuatrimestrales, las cuales están sujetas al cumplimiento estricto de los requerimientos legales establecidos en la ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) de cada año y su respectivo decreto reglamentario.
El incumplimiento de los requisitos legales obliga al Tesoro Nacional a suspender las transferencias de los recursos financieros, hasta tanto se regularice la presentación de la rendición de cuentas e informes.
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