Los concejales, representados por los abogados Nelson Escobar Rodríguez y Luís Guillen Zárate, han presentado una nota formal en la que reclaman al intendente el pago de un monto total que asciende a G. 277.500.000. Este monto se desglosa en las dietas y otros beneficios acumulados por cada concejal durante un período de hasta 36 meses. Entre los concejales afectados se encuentran Saul Rodrigo Salinas Rolón, Liz Perla Franco Cabañas, Edgar Denis Benites Vargas, Leonor Sánchez López y Antero Antonio Ruiz Sanabria, quienes han experimentado demoras significativas en el cumplimiento de sus derechos laborales.
El Artículo 28 de la Ley Nº 6784/21 establece que los miembros de las juntas municipales tienen derecho a recibir una dieta mensual que debe ser considerada en cada ejercicio presupuestario. Según esta normativa, los concejales no deberían sufrir descuentos ni dilaciones en sus pagos. De hecho, la ley contempla que, en caso de discriminación o falta de pago, el Ministerio de Hacienda tiene la facultad de retener los royalties provenientes de entidades binacionales hasta que se resuelva la situación irregular.
Los concejales han fijado un plazo de diez días para que se selucione esta problemática, advirtiendo que, de no recibirse los pagos correspondientes, se procederá a elevar el asunto a instancias superiores. Este conflicto no solo refleja una crisis de comunicación entre el ejecutivo y el legislativo municipal, sino que también pone de manifiesto la importancia del respeto a las normativas vigentes en la administración pública, así como los derechos de los funcionarios electos. La situación continúa en desarrollo, y se espera que ambas partes busquen una solución que evite mayores complicaciones legales y administrativas.
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@danifiguesti
