Editorial: Brasil: el otro lado de la avalancha

20/03/2016 / editorial / por: Fabio Aníbal Jara Goiris
La grave crisis política y económica por la cual atraviesa el Brasil suele ser explicada esencialmente por el lado de la oposición al actual gobierno del PT (Partido de los Trabajadores). Esta oposición acusa duramente a algunos miembros del PT de estar inmiscuidos en un grave caso de corrupción que se ha iniciado con el denominado Mensalão (un escándalo de corrupción política mediante compra de votos de parlamentarios que ocurrió entre 2005 y 2006). Esta investigación está prácticamente concluida con la prisión de sus principales corruptos. Por Fabio Aníbal Jara Goiris

En marzo de 2014 nuevas investigaciones del Ministerio Público brasileño descubrieron más corrupción de la cual hacían parte no solamente el PT, sino casi todos los partidos políticos delo Brasil, incluyendo a los  poderosos PMDB y PSDB. Esta vez el dinero de la corrupción venía de la empresa estatal Petrobras. Este esquema fue utilizado por empresarios y por políticos de varios partidos para desviar dinero de la empresa petrolífera (Petrobras) mediante contratos irregulares y fortunas para financiar campañas políticas. Los acontecimientos más notorios fueron la prisión de empresarios y burócratas como Marcelo Odebrecht, uno de los más acaudalados del Brasil, operadores de dólares como Alberto Youseff y políticos como José Dirceu, del PT.

El tema de la corrupción en la estatal Petrobras ha alcanzado niveles nunca vistos en la historia reciente del Brasil: políticos de alta jerarquía, ministros, diputados y una pléyade empresarios ligados a ellos, todos han estado – o todavía están – en prisión preventiva (algunos sin plazo para que recuperen su libertad y otros a la espera de que se les imparta las penas). Marcelo Odebrecht, al negarse a colaborar por el sistema de ‘delación premiada’, recibió una condena de 19 años en prisión.  Además, la ‘Operación Lava Jato’ ha recuperado (de las manos y de las cuentas de los corruptos) 3.000 millones de reales (806 millones de dólares) para las arcas públicas.

No obstante, el clima político y social brasileño ha llegado a un nivel de máxima tensión cuando el Juez Sergio Moro, responsable por la operación de combate a la corrupción, ha determinado la denominada ‘conducción coercitiva’ del ex Presidente Luis Inácio Lula da Silva (Lula) para que expusiera su versión a la Policía Federal. Además, anteriormente, el senador Delcídio do Amaral, hasta entonces perteneciente al PT, ha optado por delatar (“delación premiada”) al mismo Lula y hasta a la Presidente Dilma Rousseff. A raíz de esto, masas populares a favor y en contra de Lula invadieron las calles. Hay que destacar que las manifestaciones contra Lula, contra el PT y contra Rousseff – principalmente pidiendo el impeachment de la Presidente - se han intensificado en los últimos días.

Considerando exclusivamente desde el punto de vista ético, es decir, lo importante es el combate a la corrupción, la operación desarrollada por el Ministerio Público y la Policía Federal es un hito para la justicia brasileña. Sin embargo, esto no quiere decir  que todo lo que haga la justicia va a estar libre de críticas. Este es el tema central de este artículo.

En primer lugar, la ‘conducción coercitiva’ de Lula para prestar declaración jurada en São Paulo fue entendida por varios abogados y jurisconsultos como arbitraria y marcada por ilegalidades. Ningún investigado tiene la obligación de declarar de  esa manera a no ser en casos excepcionales y de peligro para la propia investigación. Lula da Silva nunca se ha negado aprestar declaraciones a la justicia. El juez Moro ha utilizado un artificio poco creíble: la obligación de declarar con escolta de la policía era una medida para “proteger” a Lula.

La diputada Luciana Santos del PC do B afirma que el modus operandi de la operación ‘Lava jato’ es esencialmente un espectáculo mediático (con apoyo explícito de la Rede Globo entre otros medios), es también una forma de atender a los deseos personales de autoridades de la operación y es, por fin, un fuertísimo ataque a la izquierda brasileña esquivando de juicio a otros segmentos – léase derecha conservadora - también acusados de corrupción.

Los ataques a Lula da Silva nacen de la fuerza y la esperanza que él representa para las clases necesitadas del inmenso Brasil. La reacción de las elites brasileñas siempre ha sido virulenta y ha atacado a los avances de la denominada democracia social. En el Brasil toda vez que se ha tenido la osadía de crear un proyecto nacional de desarrollo (es decir, un proyecto democrático), las elites de derecha se opusieron de manera mordaz e insidiosa. Así ocurrió con Getulio Vargas, Juscelino Kubitschek y João Goulart. El legado de Lula (y del PT) es un proyecto que ha tenido el mérito de retirar de las calles a más de 40.000.000 de necesitados. Es también una política democrática que ha valorizado al sueldo mínimo y que enfrentó con mano de hierro las terribles desigualdades sociales de este inmenso país. Su principal programa social, Bolsa Familia, es considerado el mayor programa de transferencia de renta del mundo (en el 2007 ya atendía a 13,2 millones de familias empobrecidas). En el campo de la educación en solo 36 meses la población no escolarizada ha sido reducida entre 18% y 29%, considerando el grupo de 4 a 17 años de edad. Con la creación del FUNDEB (Fondo de Manutención y Desenvolvimiento de Educación Básica), el gobierno Lula atendía a 47 millones de estudiantes brasileños, con inversiones anuales de hasta $ 7,3 billones de reales. En el área de educación superior, el PROUNI (Programa Universidad Para Todos), se destaca como el mayor programa de becas de estudio de la historia de la educación brasileña y latinoamericana, posibilitando el acceso de millares de jóvenes a la educación y estimulando el proceso de incluirse en la sociedad.

Por otro lado, el impeachment contra la Presidente Dilma Rousseff carece de comprobaciones de dolo o de su participación directa en cualquier crimen de responsabilidad. Es decir, no existe una clara caracterización de crimen. Evidentemente que se puede discordar de su gobierno y hasta de sus métodos, pero nadie puede poner en duda su honestidad. En este contexto, todas las tentativas de poner barreras o tergiversar el trabajo gubernamental de la Presidente y todos los intentos de buscar pretextos para consolidar el impeachment no pasan de tentativas de golpe de Estado (tal como ha ocurrido en el caso paraguayo con el gobierno progresista de Fernando Lugo). Es importante enfatizar que históricamente en diferentes gobiernos ha existido corrupción, pero, las investigaciones se han fortalecido e intensificado enormemente en los gobiernos populares como el de Getúlio, Jango, Lula y Dilma. Los últimos resultados de las investigaciones demuestran que el gobierno brasileño no viene interfiriendo para obscurecerlas.

Evidentemente que las dificultades económicas que actualmente asolan al país – como el aumento del desempleo, el acrecimiento de la inflación y el cierre de empresas - tienen su parte expresiva en el agravamiento de la crisis. Solamente con el ajuste fiscal adecuado, la reactivación de la economía mediante inauguraciones de nuevos mercados y  una reorganización de la industria brasileña se podrán escapar de una crisis que se agrava inclusive por antojo y deseo de una derecha – rígidamente incrustada en el Parlamento. En ese contexto, el presidente del PT, Rui Falcão, afirmó que las manifestaciones celebradas el viernes 18 de marzo a favor de Dilma Rousseff mostraron "que los intentos de deposición del Gobierno solamente traen inestabilidad". "La estabilidad se da con el fin del golpe, con el fin del impeachment (juicio político) y con los cambios en la política económica", dijo Rui Falcão en un vídeo difundido después de una reunión del PT para valorar las marchas.

El gran dilema de la crisis política brasileña es que la derecha conservadora aún no ha asimilado la derrota electoral del 2014 cuando el PT ha llegado al poder por la cuarta vez consecutiva – lo que correspondería a 16 años de gobierno. Este proceso ha originado una extraordinaria onda conservadora en el Brasil. Perder una elección presidencial por cuarta vez consecutiva realmente ha inflamado los ánimos de una derecha que a cada día asume un cariz seguramente reaccionario. Este proceso ha incitado también el surgimiento de un discurso moralista asociado a una “clase media indignada”, que ahora quiere adquirir más fuerza con la divulgación de conversaciones entre Lula y Dilma, divulgadas por el Juez Sergio Moro. Sin embargo, como afirma el diputado Wadih Damous: el juez cometió un delito al divulgar el contenido de la conversación. "Esa filtración es ilegal, la ley de interceptación prohíbe eso. El Juez Sergio Moro cometió un crimen y deberá responder por eso", señaló Damous, para quien Moro busca "provocar un clima de inestabilidad". En efecto, la Ley de Interceptación Telefónica que rige en el Brasil (Ley 9.296 de 1996) obliga al juez a mantener las grabaciones en total sigilo. En derecho probatorio la denominada doctrina del fruto del árbol envenenado, es una metáfora que describe pruebas recolectadas con ayuda de información obtenida ilegalmente.  La lógica de la frase es que si la fuente de la prueba (el "árbol") se corrompe, entonces cualquier cosa que se gana de él (el "fruto") también lo está. Esa prueba generalmente no es admisible ante los tribunales.

Desde otro punto de vista, el politólogo Jessé de Souza dice que es exactamente la clase media conservadora (la “clase media indignada”) la que viene acusando equivocadamente a la clase pobre (aquella clase C que ha surgido mediante los gobiernos del PT y sus programas sociales) como la que se apropia de bienes económicos “sin producirlas”. Sin embargo, la gran enemiga de aquella clase media conservadora es, al contrario, la clase burguesa, es decir, la clase patrimonialista, que cobra intereses elevados, que impone sus métodos de producción y de empréstitos. Es esta clase burguesa dominante la que le hace creer la clase media conservadora acerca de la existencia de ‘los milagros de la privatización brasileña’.

De esto se deduce, que el patrimonialismo que quiere recuperar todo su poder en el Brasil  sirve a dos cosas: primero, intenta demonizar al Estado como ineficiente y corrupto y con eso permitir la privatización y la virtual mercantilización de todas las áreas de la sociedad. Segundo, sirve como el engendro de una especie de salvoconducto para que el 1% de la población que controla el dinero, la política (especialmente por la vía del costeo privado de elecciones) y los medios de comunicación en general pueda apoderarse del Estado, mismo en ausencia de elecciones libres y limpias.

Por fin, el Brasil pasa por un momento delicado de su vida política y factores como el nombramiento del ex- Presidente Lula como ministro de la Casa Civil antes que se interprete como una estrategia que podría interferir en el buen andamiento de la justicia, es, esencialmente, una oportunidad para que los graves problemas de relacionamiento del gobierno con el Parlamento puedan pasar por una oxigenación y seguramente el corolario final es intentar llegar a un desenlace pacífico, republicano y democrático.

 

El autor es politólogo, profesor de Universidad Estadual de Ponta Grossa, Brasil, y graduado en Derecho por el Centro de Estudios Superiores dos Campos Gerais, de Ponta Grossa.