En su reciente contacto con el programa Santo y Seña, Marset sostiene que su esposa es inocente y ha sido víctima de una persecución injusta por parte de las autoridades paraguayas. Asegura que la detención de Gianina responde a su relación con él, afirmando que “los delincuentes son los paraguayos” que investigan el caso. Sus palabras reflejan una estrategia defensiva que busca desacreditar a la justicia, a la vez que intenta constituirse como víctima de un sistema que, alega, actúa sin fundamento suficiente.

Marset no se limita a defender a su esposa; también lanza amenazas directas contra los funcionarios judiciales. En sus declaraciones, demanda la destitución de la jueza y del fiscal, sugiriendo que su actuación podría llevarlos a enfrentar consecuencias penales. Esta postura resalta la creciente tensión entre los criminales y el sistema judicial, donde las amenazas e intimidaciones se convierten en una táctica más en la lucha contra el narcotráfico.

Asimismo, el narcotraficante critica abiertamente la labor policial, argumentando que su esposa se entregó de manera voluntaria y que el operativo policial fue ineficaz. Su desprecio hacia las acciones de la policía y su insistencia en que es víctima de una conspiración, se reflejan en declaraciones donde señala que los oficiales no fueron capaces de explicar cómo Gianina pudo viajar a Dubái con su pasaporte.

Las afirmaciones de Marset subrayan un patrón recurrente en el que los delincuentes intentan deslegitimar a las autoridades al presentar su caso como una cacería de inocentes. En este contexto, la figura de la mujer involucrada se convierte en un instrumento de defensa, lo cual plantea interrogantes sobre las dinámicas familiares entre los criminales y las implicaciones legales que ello conlleva.

En conclusión, el caso de Sebastián Marset y las recientes declaraciones realizadas desde su escondite no solo evidencian la complejidad del crimen organizado en la región, sino también los desafíos que enfrenta el sistema judicial para mantener su credibilidad ante las acusaciones de corrupción y persecución injusta, a la vez que intentan ofrecer un respuesta efectiva a la delincuencia.