Otra fuente de preocupación es el engorroso procedimiento para acceder a la atención médica. Los guardiacárceles denuncian que el sistema actual les obliga a contactar a funcionarios del Consorcio ESC en Asunción para obtener una orden de consulta, un proceso que consideran inaceptable, especialmente en situaciones de emergencia que exigen una respuesta rápida.
Ante esta situación, los manifestantes exigen el cumplimiento del contrato suscrito entre el Consorcio ESC y el Ministerio de Trabajo. Buscan una atención médica adecuada que garantice su bienestar y el de sus familias, argumentando que las condiciones actuales impiden el acceso oportuno y eficiente a los servicios de salud necesarios para su labor de seguridad y vigilancia en la penitenciaría.
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