Durante su intervención, Benítez criticó la postura del movimiento Honor Colorado, que incluye demandas para la salida de otros funcionarios, mientras busca proteger a Alcaraz. El legislador enfatizó la necesidad de una respuesta contundente frente a la corrupción, alegando que el sistema actual favorece a ciertos individuos, dejando desprotegidos a los ciudadanos comunes que sufren las consecuencias del crimen organizado.
El diputado también recordó que, durante su tiempo como adjunto en Amambay, Alcaraz había nombrado a fiscales corruptos, lo que sugiere la existencia de una red de protección a aquellos que operan fuera de la ley. Esto apunta a la necesidad de una revisión exhaustiva de las instituciones encargadas de la justicia y la seguridad en Paraguay.
La crítica de Benítez se inscribe en un panorama más amplio donde la cumbre de poderes, convocada para abordar la crisis de seguridad y corrupción, ha sido percibida como ineficaz. Según sus palabras, lo que se requiere no son reuniones simbólicas, sino acciones concretas que garanticen que todos los implicados en actos de corrupción enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
En conclusión, la acusación de Benítez resuena con un sentimiento generalizado de frustración en la sociedad paraguaya. La lucha contra el crimen organizado y la corrupción es un desafío constante que exige no solo el compromiso de los actores políticos, sino también una reforma profunda que asegure la justicia y la equidad en la aplicación de la ley.
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