El salario mínimo no es solo una cifra; representa un derecho humano fundamental que garantiza la estabilidad económica y la dignidad del trabajador. Peralta Merlo destaca que eliminar el salario mínimo violaría el artículo 86 de la Constitución Nacional, que establece que los derechos laborales son irrenunciables. La abogada sostiene que, para poder contemplar eliminaciones en la normativa laboral, el Estado debe al menos asegurar que se satisfagan necesidades básicas como salud, educación y vivienda digna, condiciones que no se cumplen actualmente en Paraguay.
Peralta Merlo también critica la comparación entre Paraguay y países con contextos socioeconómicos mucho más avanzados como Finlandia o España. Estos países cuentan con sistemas de protección social y servicios públicos de calidad que permiten a sus ciudadanos vivir sin la necesidad de un salario mínimo garantizado. En contraste, la realidad paraguaya es diferente, donde muchas personas se ven obligadas a aceptar trabajos por debajo de la dignidad debido a la pobreza y a la falta de oportunidades.
La abogada también hace hincapié en las implicaciones de la Ley de Mipymes, que permite a las pequeñas empresas pagar hasta el 80% del salario mínimo a sus empleados. Según ella, esta disposición crea un desequilibrio en el mercado laboral, ya que los trabajadores no tienen igualdad de condiciones frente a los empresarios, lo que podría derivar en abuso y explotación.
Finalmente, Peralta Merlo concluye que quitar el salario mínimo, en un país donde la salud y la educación pública son insuficientes, solo aumentaría la vulnerabilidad de la población. Esto llevaría a que muchas personas trabajen únicamente para subsistir, sin posibilidad de mejorar su calidad de vida. En este contexto, defender el salario mínimo es crucial para proteger los derechos laborales y humanos de los paraguayos, así como para garantizar un futuro más justo y equitativo en el país.
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