La intervención del fiscal Andrés Cantaluppi fue crucial para desactivar la tensión. En el contexto de la toma del colegio, se descubrió la presencia de un guardia de seguridad armado, contratado apenas un día antes. El guardia, que portaba una escopeta, intentó impedir el ingreso de los estudiantes y del personal. Esta situación alarmó a los presentes, lo que llevó al fiscal a actuar rápidamente para evitar un potencial desenlace violento. Cantaluppi ordenó la detención del guardia y la incautación del arma, resaltando la urgente necesidad de garantizar la seguridad de todos los involucrados.
La resolución del conflicto se alcanzó tras una reunión entre la supervisora pedagógica y los representantes estudiantiles. Gracias a este diálogo, los estudiantes decidieron levantar la medida de fuerza y reanudar las clases, permitiendo así que la actividad educativa regresara a la normalidad en el colegio. Sin embargo, la situación plantea preguntas importantes sobre la gestión de la seguridad dentro de las instituciones educativas y la atención a las denuncias de acoso, que son temas críticos que deben abordarse con seriedad.
Es fundamental que se tomen medidas proactivas para garantizar que todos los estudiantes se sientan seguros en su entorno escolar, así como para prevenir incidentes que podrían escalar a situaciones de crisis. La comunidad educativa, así como las autoridades, deben trabajar en conjunto para crear un ambiente de aprendizaje seguro y donde se respete el bienestar de cada alumno.
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@danifiguesti
