Desde 2008, Paraguay y Estados Unidos han sostenido una estrecha colaboración en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado a través del programa Sensitive Investigation Units (SIU), promovido por la DEA. Este programa no solo permitió operaciones conjuntas de inteligencia, sino que también garantizó apoyo técnico y financiero esencial para enfrentar estructuras criminales transnacionales.
El expresidente Mario Abdo, quien durante su mandato respaldó estas alianzas, destacó que “el crimen organizado traspasa fronteras” y que la cooperación internacional es clave para combatirlo. Señaló además que la SIU, bajo la Senad, jugó un papel crucial en investigaciones que destaparon vínculos de agentes policiales con el crimen organizado, un trabajo que ahora corre el riesgo de diluirse al trasladar la SIU a la Policía Nacional, una institución que ha sido históricamente permeada por la corrupción.
Abdo Benítez dejó entrever que las razones reales de esta ruptura no han sido esclarecidas por completo. Aunque el Gobierno argumenta que la decisión responde a necesidades operativas internas, la coyuntura política sugiere posibles vínculos con recientes sanciones impuestas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a figuras políticas paraguayas, como el expresidente Horacio Cartes, declarado “significativamente corrupto”. Esta medida levantó tensiones diplomáticas y podría haber influido en el replanteo de las relaciones bilaterales.
La posibilidad de futuras sanciones contra otros actores políticos paraguayos también entra en juego, especialmente si se considera el contexto de lucha contra la corrupción y el narcotráfico, una prioridad para la política exterior estadounidense en la región. Abdo advirtió sobre el riesgo de que la decisión de suspender la cooperación con la DEA afecte negativamente la percepción internacional de Paraguay como socio estratégico confiable.
La transferencia de la SIU a la Policía Nacional plantea interrogantes sobre la capacidad de la institución para manejar investigaciones sensibles sin interferencias internas o conflictos de interés. La falta de controles eficaces podría comprometer la continuidad de investigaciones cruciales contra redes criminales, debilitando el alcance de los esfuerzos nacionales e internacionales.
Por otro lado, expertos han advertido que la suspensión de esta colaboración podría ser interpretada por la comunidad internacional como un retroceso en el compromiso de Paraguay con la lucha contra el narcotráfico. Esto, a su vez, podría abrir la puerta a sanciones económicas o restricciones políticas que afecten tanto al país como a sus líderes.
El tiempo dirá si esta decisión traerá los beneficios operativos prometidos por el Gobierno o si, por el contrario, expondrá a Paraguay a mayores vulnerabilidades frente al crimen organizado y presiones diplomáticas. Lo cierto es que la ruptura de una cooperación de más de 15 años con la DEA marca un punto de inflexión en la política antinarcóticos del país y deja abierta la pregunta sobre si los intereses nacionales han primado sobre posibles agendas políticas y coyunturas internacionales. Como señaló Abdo Benítez, “los resultados se verán con el tiempo”.
El Nacional
